¿Se puede incentivar la recogida selectiva a través de las tarifas de gestión de los residuos municipales?

Los sistemas de recogida de residuos implantados por los entes locales condicionan en gran medida los porcentajes de recogida selectiva de residuos municipales que obtienen. Así lo atestigua el Anexo 11 del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2030, en cuya elaboración participó el equipo de residuos de Cimas. En este post te explicamos cómo incentivar las recogidas selectivas a partir de las tarifas de gestión de los residuos municipales.

En este anexo 11 se puede ver que los municipios que cuentan con sistemas de recogida personalizadas reducen mucho las cantidades recogidas de la fracción resto y aumentan especialmente las de biorresiduos y las de envases ligeros. Estos mejores resultados en recogida son los que hacen posible llegar a los objetivos establecidos en la normativa y en los planes de residuos.

En muchos casos las personas responsables de las recogidas en los entes locales conocen estos sistemas y son conscientes de qué tipo de recogidas permiten obtener los mejores resultados. Pero la implantación de estas recogidas supone un esfuerzo en implantar y adaptar a la realidad local las recogidas, tanto en dedicación de horas del personal técnico como en costes de implantación. Los costes de implantación en muchos casos son una barrera que dificulta implantar los sistemas de recogida que permiten conseguir los mejores resultados de recogida selectiva.

En este sentido, otra de las variables que entran en juego son los costes por la gestión de los residuos recogidos. De todos es conocido que los incentivos económicos juegan un papel importante en la toma de decisiones y en la recogida de residuos municipales también tienen su influencia.

Las tarifas por la gestión de los residuos municipales ofrecen una clara opción de incentivar los sistemas de recogida que mejores resultados obtienen en cuanto a separación de residuos. Estas tarifas tienen que cumplir dos premisas. La primera es que la tarifa por la gestión de la fracción resto sea elevada, lo que crea un incentivo en los entes locales para tratar de conseguir la separación en origen de todo tipo de residuos. La segunda premisa es que el diferencial entre la tarifa de la fracción resto y la de biorresiduos sea importante, por ejemplo, que la tarifa para la gestión de la fracción resto sea al menos el doble que para la gestión de los biorresiduos.

Si el coste de gestión de la fracción resto es mayor que el de las recogidas selectivas, si un ayuntamiento o mancomunidad consigue una mayor separación de sus residuos, el coste final de esa gestión será más barato, al tener que pagar menos por la fracción más cara de gestionar que es la fracción resto. El incentivo será más grande cuanto más alto sea el coste de la fracción resto y cuanto mayor diferencia haya entre el coste de gestión de la fracción resto y el de los biorresiduos.

 Las tarifas por la gestión de residuos tienen que incentivar a los entes locales a mejorar sus sistemas de recogida para aumentar la recogida selectiva y disminuir la recogida de la fracción resto. Esto se consigue aumentando la tarifa de la fracción resto y disminuyendo las de recogida selectiva. 

Otro de los requisitos que tiene que cumplir la tarifa es que sea sostenible económicamente y que permita que las plantas de tratamiento cubran sus costes de gestión. Cabría la posibilidad de que las plantas de tratamiento de biorresiduos sean deficitarias y las de tratamiento de la fracción resto tengan superávit, pero en el global se compensen. Estos cambios en las tarifas se pueden aplicar sobre todo en los territorios donde la gestión de las plantas de tratamiento de la fracción resto y las de biorresiduos están bajo la responsabilidad de una misma entidad.

El cambio de tarifas que se proponga han de tener en cuenta la sostenibilidad económica de las plantas de tratamiento de residuos. Se hace hincapié en la sostenibilidad económica en su conjunto.

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